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Web oficial - Centro Nacional de Inteligencia

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Controles del CNI

Entrada edificio del CNI

El CNI, al igual que cualquier organismo del Estado, se encuentra sometido a controles políticos y económico-administrativos. El primero lo ejercen el Gobierno, a través de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, y el Congreso de los Diputados, en el marco de la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados; el segundo lo llevan a cabo la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y, nuevamente, el Congreso.

A estos controles se suma el judicial, clave para el funcionamiento del Centro y excepcional dentro de la Administración. La existencia de la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial Previo del CNI y su estricta aplicación hacen difícil encontrar un sistema que ofrezca más garantías a los ciudadanos de que ninguna de las actividades que realiza su Servicio de Inteligencia se ejecuta al margen de la legalidad.

  • Control político

    Cada año, el Gobierno fija los objetivos a los que debe dedicar sus esfuerzos el CNI. Para ello, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (CDGAI) propone al presidente del Gobierno los objetivos anuales del CNI y los recoge en la Directiva de Inteligencia. Esta comisión también se encarga del seguimiento y la evaluación periódica del desarrollo de los objetivos fijados en la Directiva.

  • Control parlamentario

    El CNI somete al conocimiento del Congreso de los Diputados, a través de la comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, la información apropiada sobre su funcionamiento y sus actividades. Esta comisión conoce los objetivos de Inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno y el informe que, también con carácter anual, elabora el CNI para evaluar sus actividades, la situación y el grado de cumplimiento de los objetivos señalados para el periodo anterior.

    Los miembros de esta comisión son los mismos que conocen de los secretos oficiales, por lo que, coloquialmente, los medios de comunicación suelen referirse a ella como “la Comisión de Secretos Oficiales”.

  • Control judicial previo

    Cuando, para cumplir la Directiva de Inteligencia, el CNI deba llevar a cabo actividades en las que puedan verse afectados derechos recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 18 de la Constitución (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), el secretario de Estado director deberá solicitar la autorización previa de un magistrado de control del Tribunal Supremo.

  • Control económico

    Anualmente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece las partidas de gastos reservados, entre ellas la de los fondos presupuestados para el CNI. Se puede considerar que esta asignación es un control previo, ya que estos fondos son los que limitan el desarrollo de las actividades del Servicio.

    El CNI tiene asignado un interventor delegado de la Intervención General de la Administración del Estado que lleva a cabo un control financiero permanente, comprobando que cumple la normativa y que se ajusta a los principios de buena gestión, estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero. Igualmente, debe auditar y aprobar las cuentas anuales del CNI antes de ponerlas a disposición del Tribunal de Cuentas.