CNI-Centro Nacional de Inteligencia

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Introducción

El Centro Nacional de Inteligencia requería una regulación actual, unitaria y sistemática que le permitiera realizar su trabajo de un modo eficaz y especializado y regido por los principios de control y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico.

Las disposiciones que regulaban el Centro Nacional de Inteligencia en España, incluida su norma de creación, tenían rango reglamentario y emanaban del Poder Ejecutivo, por lo que resultaba necesario que fuera una norma con rango de Ley la que definiera la naturaleza, objetivos y funciones del Servicio de Inteligencia español y estableciera los aspectos sustanciales de su organización y régimen jurídico, de modo que pudiera insertarse plenamente en el Estado de Derecho que define la Constitución Española.

Con esta finalidad, el 7 de mayo de 2002 se publicaron en el BOE, la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y la Ley Orgánica 2/2002, reguladora del control judicial previo del CNI. En la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, éste, que sustituye al antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), se configura, a diferencia de la anterior regulación en la que el Servicio de Inteligencia era un simple órgano, en una Dirección General dentro de la estructura general del Ministerio de Defensa, como un organismo público con autonomía funcional y personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.


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